La reforma a la ley 30 de 1992,  presentada por el Ministerio de Educación ante la comisión sexta del senado, es por estos días objeto de debates entre gobierno y los establecimientos académicos.
Dos problemas están en el fondo de la discusión, el primero hace referencia a la autonomía universitaria, debido a que los recursos nuevos que serían aprobados en la reforma,  no serían directamente asignados a las instituciones y estarían fuertemente condicionados. El segundo es el problema estructural de la educación superior, en el que no se trata de la mera supervivencia financiera de las universidades, sino de una apuesta de la sociedad por la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo, empleo y bienestar para el país.
En un diálogo con Antonio Morales, Rafael Molina, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y Javier Botero, Asesor de la Ley 30 del Ministerio de Educación, presentan sus puntos de vista frente al futuro de las universidades públicas del país.