El gobierno de Juan Manuel Santos ha planteado una apuesta histórica para la
devolución de dos millones de hectáreas de tierra en manos de testaferros o de terceros de buena fe, a campesinos desplazados. El proyecto contempla, entre otros elementos, la tipificación del delito de despojo y crea la jurisdicción agraria especializada en restitución. La estrategia es novedosa en un país acostumbrado a darle la espalda al campo. Sin embargo, diversos expertos opinan que la ley de tierras está incompleta: faltan incentivos que generen un verdadero modelo de desarrollo rural. En Al Ruedo, el senador Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Ospina, director del Incoder, sostienen un diálogo con Antonio Morales y explican los principales desafíos políticos, sociales y económicos de esta iniciativa gubernamental.